¡Aborto ilegal, violencia estatal!

            El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está, desde que la derecha gobierna este país, en boga. Y es que cuando la derecha entra por la puerta, los derechos de las mujeres saltan por la ventana. El actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, bajo un claro paraguas paternalista y conservador, quiere acabar con todos los derechos sexuales y reproductivos conseguidos por las mujeres, tras décadas de reivindicaciones. Con el PP hemos pasado de luchar para conquistar derechos, a luchar para no perderlos.

            La legislación de la interrupción voluntaria del embarazo es una conquista social que lleva detrás décadas de lucha. Legislar el aborto libre es acabar con la hipocresía de que las ricas viajen y las pobres se desangren. Estar en contra del aborto no es abogar por la vida, es callar ante los abortos clandestinos, que matan a miles de niñas y mujeres en el mundo cada día.

            La polémica sobre la interrupción voluntaria del embarazo está sobradamente superada en cualquier país progresista del mundo. Es más, quienes siguen aferrados a este debate no hacen sino poner una cortina de humo a la verdadera cuestión que se está debatiendo: la capacidad de la mujer para decidir sobre ella misma y sobre su cuerpo. Les falta coraje para admitir que no dotan a la mujer de sus capacidades autónomas de decisión, y recurren continuamente al debate sobre aborto sí, aborto no. Debate superado desde hace años.

Si según los sectores más conservadores y reaccionarios las mujeres no estamos capacitadas para decidir sobre nosotras mismas, ¿cómo vamos a estarlo para ser madres? Decía Alberto Ruiz Gallardón en sesión de control que el aborto es ‘violencia estructural’. Y yo me pregunto, ¿hay violencia estructural más grande que darle a una mujer a elegir entre la maternidad forzosa o la cárcel?

En nombre de un supuesto progreso, la derecha pretende que las mujeres caminemos hacia un insoportable retroceso. Conviene resaltar que las del PP no son políticas pronatalistas, pues mientras obligan a la mujer a una maternidad forzosa, quitan de la sanidad pública los tratamientos de fertilidad. Obligan a las mujeres que no desean ser madres a serlo, mientras se lo impiden a las que sí lo desean. No son políticas tampoco encaminadas a la conciliación familiar, porque mientras reducen los supuestos de interrupción del embarazo a dos (en lugar de 3, como tenía la Ley de 1985), sacando de los mismos el de malformación del feto, le dan la estacada mortal a la Ley de Dependencia.

Ninguna mujer es más mujer por ser madre. Toda mujer tiene la capacidad de decidir sobre su maternidad, y el Estado el único acometido que tiene es garantizar la seguridad de la mujer. Si decide interrumpir su embarazo tiene que disponer de los medios para hacerlo de la forma menos traumática posible, pues, pese a la demagogia y la misoginia que desprenden los comentarios de los y las antiabortistas, NINGUNA mujer aborta por placer.

Imaginen por un momento un país donde a las mujeres nos prohibiesen la maternidad; ahora imaginen otro donde nos la impongan. El embarazo es una cuestión que vive la mujer en primera persona, pero lo legislan médicos/as, políticos/as, y hasta curas.

Queremos recordar a los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestra sociedad que lo que las mujeres nunca olvidamos es nuestro derecho a decidir; y que las mujeres no pedimos favores, exigimos derechos.

Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. ¡Basta de criminalizar a las mujeres! El cuerpo de la mujer es un campo de batalla que sólo le pertenece a ella. ¡Por un aborto libre, seguro y gratuito!

Rosa